Jesús Velázquez, diputado del PRD, aseguró que se han encerrado a políticos, periodistas y empresarios

El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Alberto Velázquez Flores, afirmó que en Veracruz hay más de dos mil detenidos por el gobierno de Cuitláhuac García acusados del delito de ultrajes a la autoridad.

En entrevista con El Sol de México, el legislador dijo que hay una crisis políticojurídica en el estado desde marzo de 2021, cuando el gobernador envió una iniciativa al Congreso local para reformar el código penal y contemplar una sanción mayor en el delito de ultrajes a la autoridad.

La reforma se aprobó el 11 marzo de 2021 y dos días después comenzaron las “detenciones políticas”, denunció el legislador del Sol Azteca.

Acusó que el primero en ser detenido por ultrajes a la autoridad fue el perredista Rogelio Franco Castán, quien era candidato a diputado federal por la vía plurinominal por la tercera circunscripción.

De ahí siguieron varios personajes que buscaban candidaturas por la coalición del PAN, PRI y PRD a las alcaldías en Veracruz. Cita, por ejemplo, a Goyo Gómez, candidato a presidente municipal de Tihuatlán, o a Nicolás Ruiz, candidato del PAN a la alcaldía de Minatitlán.

“Y de ahí se viene desgranando. Se calcula que (son) más de dos mil detenidos por ultrajes a la autoridad, entre los que no sólo se encuentran políticos sino también empresarios, periodistas, activistas y todo aquel que le es incómodo al gobierno de Cuitláhuac García”, aseguró Velázquez Flores.

Recordó que se interpuso una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el tema de la inconstitucionalidad de este delito, misma que no se ha resuelto. En el trayecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para que el gobierno veracruzano lo derogue.

Sin embargo, aunque el gobernador envió una nueva iniciativa para derogarlo, atendiendo a la recomendación de la CNDH, ayer los diputados locales (de Morena en su mayoría) determinaron mantenerlo y sólo derogaron dos fracciones del artículo 331 del Código Penal.

“El gobernador se lava las manos mandando la iniciativa al Congreso. Con eso responde a la CNDH», lamentó.

Fuente: El Sol de México