La Fiscalía General de la República solicitó al instituto la verificación de movimientos de ingreso y salida en territorio nacional del mandatario
El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco “N”, Gobernador de Tamaulipas a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos marítimos o terrestres- del territorio nacional.
De acuerdo con un comunicado, la Fiscalía General de la República solicitó al instituto la verificación de movimientos de ingreso y salida en territorio nacional.
Ello luego de que la FGR obtuviera orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, por los probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El 30 de abril pasado, el pleno de la Cámara de Diputados, instaurado en Jurado de Procedencia, avaló el desafuero del gobernador tamaulipeco a petición de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
En la investigación se menciona que el gobernador panista omitió parcialmente el pago de impuestos federales, obteniendo con dicho accionar un beneficio indebido para sí en perjuicio del Fisco Federal por la cantidad de 6 millones 511,777 pesos, esto al no haber declarado la compra de bienes inmuebles en Estados Unidos y la Ciudad de México.
Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas por mayoría negó aprobar el juicio de procedencia contra el mandatario, e incluso interpuso un juicio de controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine qué instancia legislativa es la indicada para realizar dicho juicio.
El pasado viernes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, desechó la controversia constitucional, lo que llevó a que la Fiscalía interpusiera un recurso de reclamación.
En su resolución el ministro indicó que no prejuzgó sobre la culpabilidad o no del mandatario, pues existe, dijo, “la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”.
En Diario de Xalapa