El estado de Veracruz acumula 80 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los múltiples señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo contra la administración estatal derivadas del desvío de recursos federales.

Dichas denuncias se han presentado desde el 2007 a la fecha. En lo que va del 2023, la ASF ha interpuesto cuatro denuncias por la Cuenta Pública 2016, cuando Javier Duarte de Ochoa era gobernador del Estado.

Se trata de procesos derivados de las auditorias 1670-GB-GF contra el gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la denuncia fue presentada el 13 de enero 2023; la otra denuncia quedó asentada bajo el expediente 1672-DS-GF contra el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentada el pasado 8 de febrero y la última, fue presentada el pasado 17 de febrero, derivada de la observación 1664-DS-GF.

Las denuncias se presentaron por el uso de recursos provenientes de 14 fondos federales, los cuales estaban destinados a diversos rubros, entre ellos: salud, seguridad y educación.

Los dictámenes técnicos que la Auditoría ha presentado para sustentar las denuncias presentadas ante el Ministerio Público Federal, identifican a varios exfuncionarios responsables en el manejo de los recursos federales y, por ende, de las irregularidades detectadas.

El estado de Veracruz es la entidad con el mayor monto de recursos federales desviados o mal manejados

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el desvío de recursos federales perpetrado de 2011 a 2016 asciende a más de 61 mil millones de pesos.

Un Informe Especial de la ASF sobre los resultados de más de 220 auditorías arrojó que el gobierno de Veracruz en ese periodo, incurrió en todo tipo de prácticas para desviar recursos.

Entre estas, destaca la retención de subsidios que debían ser transferidos a municipios, hasta el traslado de partidas completas a cuentas desconocidas, subejercicios, falta de comprobación del supuesto gasto que sí se hizo, simulación de devoluciones de dinero faltante, entre otros.

La última denuncia se relaciona con la malversación de más de 773 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) durante el ejercicio fiscal 2016.

Esta denuncia se relaciona con los recursos del FISE transferidos al gobierno de Veracruz para la atención de diversos sectores marginados que debían atenderse a través de las obras y acciones de la SIOP, Sedarpa, Sedesol, CAEV, Invivienda y Sesver.

No obstante, el organismo fiscalizador encontró que de los 773 millones 212 mil pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió por conducto de la Tesorería de la Federación (Tesofe) al gobierno de Veracruz el dinero fue retirado y enviado a cuentas ajenas a las de las dependencias sin que se haya explicado el destino de los recursos.

Previo a ser retirados, el gobierno de Veracruz abrió una cuenta bancaria productiva para su administración; así como de los rendimientos financieros generados por 118 mil pesos.

Tras ello, se realizaron tranferencias por 772 millones 300 mil pesos entre el 29 de enero y 1 de febrero de 2016 a cuentas bancarias en las que se administraron otro tipo de recursos, dejando únicamente 1 millón 031 mil pesos para la operación de las dependencias.

Derivado de los intereses generados, que suman 2 millones 816 mil pesos, el daño patrimonial se incrementó a 775 millones 116 mil 949.81 pesos.