La nueva denuncia por peculado se suma a las de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada
Una nueva denuncia se acumula en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco «N», ahora por el delito de peculado, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante la conferencia para presentar el libro «Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México», el funcionario detalló que la cuarta acusación se interpuso luego de que el gobierno de Estados Unidos hiciera públicas las pruebas de un contrato del mandatario estatal con el despacho Gerger, Hennessy & McFarlane, ubicado en Houston, Texas.
«Presentamos la denuncia desde los días inmediatos posteriores a que se hizo pública la inscripción en el registro de Estados Unidos del despacho en Houston en el que se estableció la casa de gobierno de Tamaulipas como lugar para oír y recibir notificaciones», señaló Nieto.
La denuncia por peculado se suma a las de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Por tanto, la UIF solicitó a la Fiscalía Genral de la República (FGR) que se investigue si se han utilizado recursos públicos del estado para pagar los servicios del despacho.
El 25 de mayo un juez suspendió de manera cautelar la orden de captura en contra del gobernador Francisco «N».
El pasado 19 de mayo, un juez emitió una orden de captura en contra del mandatario, a petición de la Fiscalía, y el Instituto Nacional de Migración (INM) lanzó una alerta migratoria para hallar el gobernador, quien se presuponía en Estados Unidos.
Sin embargo, el mandatario reapareció el lunes en una reunión de trabajo con su gabinete en la sede del Gobierno de Tamaulipas y ayer, durante la reunión virtual donde la Secretaría de Gobernación convocó a mandatarios, así como autoridades federales y estatales, con motivo de las próximas elecciones del 6 de junio.
“Esta mañana, desde Casa Tam participé en una videoconferencia con las gobernadoras y gobernadores del país, junto a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob)”, informó el gobernador tamaulipeco.
Ante el amparo interpuesto por el gobernador, el juez estimó que Francisco «N» mantiene «la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política del Estado de Tamaulipas le otorga».
Para que entre en vigor la suspensión temporal de la orden de captura, el juez fijó una fianza de 100 mil pesos al gobernador.
También convocó a una nueva audiencia para el 7 de junio en la que se decidirá si se suspende la orden de captura de manera definitiva.
Su caso se ha convertido en un problema jurídico, ya que la Cámara de Diputados de México aprobó en días pasados levantar la inmunidad judicial del gobernador para permitir que fuera procesado, pero el Congreso de Tamaulipas votó a favor de mantener su fuero.
Sin que la Suprema Corte de Justicia aclarara la situación jurídica en la que quedó el mandatario estatal, la Fiscalía obtuvo la orden de captura de parte de un juez.
El gobernador denunció que dicha orden de captura obedece a «motivos políticos» y «se tomó en el Palacio Nacional».
La Suprema Corte de Justicia informó el lunes que analizará si se admite o no un nuevo recurso constitucional promovido por el Congreso de Tamaulipas.
En Diario de Xalapa