Tres de sus promotores consideran que el andamiaje no se consolida por el desinterés y las trabas de políticos

A más de cuatro años de su creación, el 18 de junio de 2016, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sigue incompleto y existe un desprecio y desdén de los principales actores políticos hacia este andamiaje. Estas son algunas de las conclusiones que comparten a El Sol de México tres de los principales promotores y acompañantes del SNA desde su génesis: Eduardo Bohórquez, Issa Luna Pla y Mauricio Merino.

Para este último, quien es profesor investigador del CIDE, “hay un nuevo marco jurídico que no se ha podido poner en marcha o se ha puesto en marcha muy parcialmente, muy fragmentariamente, con muchos tropezones, porque ambos gobiernos, el de (Enrique) Peña Nieto y el de (Andrés Manuel) López Obrador, han actuado en contra del sistema”.

Issa Luna Pla, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que el SNA no es el modelo de combate a la corrupción de la administración de López Obrador, “y no lo es porque no lo ha utilizado, porque no lo ha fortalecido, porque no ha nombrado a sus integrantes y porque no ha utilizado el mecanismo institucional para combatir la corrupción por esa vía”.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana y principal representante de la sociedad civil en la creación del SNA, señala que este mecanismo ha enfrentado resistencias desde el día que nació porque “a la clase política no le gusta ser evaluada y no le gusta ser revisada”.

“Al conjunto de las instituciones del Estado no le interesa, o no le conviene, que haya un Comité de Participación Ciudadana (CPC) fuerte. Cuando hay voces ciudadanas e independientes, cualquier gobierno ya no puede controlar la narrativa y el objetivo de un sistema anticorrupción se cumple: se hace evidente quién no está haciendo su trabajo”, explica.

El SNA, agrega Bohórquez, se encarga de combatir la corrupción desde distintos ángulos. Así, la prevención le corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF); investigarlos en el ámbito penal le toca a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; mientras que la sanción le atañe al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Quien encabeza es el CPC, órgano que funge como la voz de la ciudadanía dentro del SNA y que tiene la facultad para proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, principalmente, vigilar el funcionamiento del sistema. Y sobre todo, sirve como un “articulador de la demanda social para que estas piezas se muevan de manera continua y sistemática”. Esto sería lo ideal.

Lamentablemente, refiere, hay dos factores que traban el pleno funcionamiento del SNA. Por un lado, desde abril de 2017 ha estado pendiente el nombramiento de los magistrados que conformarán la Sala Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del TFJA.

Por otro, el CPC “quedó cojo” tras la renuncia de Luis Pérez de Acha, en enero de 2019, para contender por el proceso de selección del primer fiscal general de la república, misma que fue seguida por la posterior renuncia de Irene Levy y Alfonso Hernández. Luego, con la salida de Rosa María Cruz Lesbros, que terminó su periodo al frente del SNA el 8 de febrero de este año, solo quedó Jorge Alatorre.

Mauricio Merino indica que existen dos problemas más de fondo. Primero, que sea el Senado el que nombre a los integrantes del comité que seleccionará a los nuevos miembros del CPC. Y segundo, la idea impulsada desde la Presidencia de la República de que los magistrados anticorrupción “salen sobrando”.

“Mi tesis es que no están abordando las causas de la corrupción, por eso la corrupción sigue funcionando. Y no lo están haciendo porque han preferido el concepto de impunidad al de corrupción, para poder castigar a modo, políticamente, a sus adversarios y premiar con contratos, nombramientos, ascensos, carreras completas a sus amigos, eso se llama corrupción”, advierte el investigador del CIDE.

TRABAJO DESCOORDINADO

La ventaja de contar con un sistema anticorrupción es la coordinación entre las instituciones que lo integran, pero “si no tenemos un órgano que los coordine pues lo que tenemos son actuaciones independientes, individualizadas, orientadas hacia buscar los reflectores mediáticos o hacía buscar venganzas y voluntades políticas”, indica Bohórquez.

Considera que en el caso del SNA “las secretarías que integran este sistema no tienen la coordinación, ni la voluntad, ni la agenda para resolver estos problemas que se van encontrando, tanto procedimentales como administrativos”.

Lamenta: “Estamos totalmente descoordinados en el combate a la corrupción y no existe una estrategia”.

En Diario de Xalapa