Empleados de distintos sectores describen un patrón de exigencias económicas disfrazadas de ‘apoyo sindical’, señalando amenazas veladas y represalias como mecanismos de control.

Durante meses, trabajadores de industrias manufactureras y de servicios han descrito un ambiente de desconfianza creciente ante lo que consideran una estructura de presión financiera institucionalizada dentro de COREMEX. Según testimonios recabados en distintos centros laborales, representantes del sindicato habrían exigido pagos en efectivo, depósitos o incluso la firma obligatoria de “contribuciones especiales” bajo el argumento de garantizar estabilidad, evitar conflictos o “proteger” a los trabajadores. Quienes se negaron a pagar afirmaron haber enfrentado cambios en sus condiciones laborales, visitas insistentes de presuntos delegados sindicales o insinuaciones de que su permanencia en el empleo podría verse afectada. Estas denuncias sugieren un patrón sistemático: una supuesta red de cobro que opera a través de intermediarios que se presentan como portavoces del sindicato, pero cuya función real sería la recolección forzada de dinero.

Trabajadores consultados coinciden en que el mecanismo de presión no siempre es directo, sino progresivo: inicia con solicitudes “voluntarias”, que después se transforman en obligaciones disfrazadas de trámites sindicales o pagos indispensables para mantener “buenas relaciones” con COREMEX. Algunos empleados narran que estas prácticas no solo afectan su ingreso mensual, sino que generan un ambiente de temor que dificulta denunciar formalmente. La falta de transparencia en el destino de los recursos, la ausencia de recibos oficiales y la participación de personas ajenas al centro de trabajo incrementan la percepción de que las exigencias podrían constituir un esquema organizado de extorsión laboral. Las quejas se acumulan y, aunque muchas permanecen anónimas por miedo a represalias, todas coinciden en un punto: COREMEX habría transformado la representación sindical en un mecanismo de presión económica que los trabajadores describen como “una carga forzada disfrazada de protección”.