La suspensión surtirá efecto solo si la nueva orden es girada por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa
Un juez federal otorgó a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, una suspensión provisional que impide ejecutar una nueva orden de aprehensión en su contra; sin embargo, esta suspensión surtirá efecto solo si esta nueva orden fue girada por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.
Así lo determinó el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, quien además admitió una demanda de amparo presentada por la defensa legal del exgobernador en contra de cualquier orden de comparecencia, localización y presentación.
Con este recurso la defensa legal de Duarte busca saber si alguna autoridad judicial ha girado una orden en su contra u órdenes por delitos diferentes a los que lo mantienen hoy preso en el Reclusorio Norte.
Detención de Javier Duarte
El 15 de abril de 2017 Duarte fue detenido en Guatemala y posteriormente extraditado a México para pagar por delitos relacionados a actos de corrupción durante su administración, por los cuales recibió sólo nueve años de prisión, de los cuales ya pagó la mitad. Existe la posibilidad de que salga en libertad debido a su “buen comportamiento”.
Sin embargo, tiene en su contra también una orden de aprehensión por el presunto delito de desaparición forzada, relacionado con el hallazgo de restos de personas en una barranca conocida como La Aurora, en Emiliano Zapata, Veracruz.
Esta fue ejecutada, según autoridades de seguridad del país, luego de que se diera a conocer que el gobierno de Guatemala dio su permiso para que autoridades mexicanas lo apresaran por este delito desde el pasado mes de diciembre.
Lo anteriormente expuesto no abre la posibilidad de que en caso de recuperar su libertad las autoridades no puedan detenerlo, pues el delito por el que es acusado sí amerita la prisión preventiva oficiosa.
Para resolver este asunto el juez dio un plazo de 48 horas a las diversas autoridades denunciadas, como los jueces especializados del Reclusorio Norte, para que presenten un informe previo en el que deben informar si existe algún proceso en marcha contra Duarte.
Además, dio un plazo de cinco días a la defensa legal del exfuncionario para pagar una garantía de 81 mil pesos a fin de que esta suspensión no pierda su efecto.
De esta manera señaló el 24 de enero de 2022 como fecha para verificar la audiencia incidental, en la que determinará si concede o no la suspensión definitiva a Duarte. También fijó el 14 de febrero como fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
En paralelo, la Primera Sala de la Suprema Corte tiene previsto votar mañana un proyecto de sentencia sobre un amparo otorgado al exgobernador, el cual le permitió apelar su condena de nueve años con el fin de recuperar su libertad y 41 inmuebles decomisados.
Fuente: El Sol de México