Las denuncias fueron desde el año 2013 hasta mayo del 2020

Xalapa, Ver.- Desde 2013 hasta mayo de 2020, un total de 161 fiscales fueron denunciados por presunta corrupción, contra la administración de justicia, el desempeño irregular de las funciones públicas, abuso de autoridad, fraude procesal y falsificación de documentos; sin embargo, sólo dos fueron vinculados a proceso.

La información proporcionada a este medio por parte de la Dirección de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), mediante solicitud de información con fecha 13 de julio de 2020, reporta un total de 145 fiscales denunciados por el presunto delito de corrupción.

Del total de operadores de justicia involucrados en presuntos actos de corrupción –adscritos al Segundo, Sexto, Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Quinto Sexto, Décimo Séptimo y Vigésimo Primero Distritos Judiciales del Estado de Veracruz– en cinco se determinó el “no ejercicio de la acción penal”, mientras que otros cinco casos se encuentran en trámite.

Asimismo sólo se registraron dos expedientes judicializados por delitos de corrupción, correspondientes a dos fiscales del Décimo Séptimo Distrito Judicial, en la zona Veracruz.

También en este periodo, dos fiscales adscritos al citado distrito judicial fueron denunciados por delitos contra la Administración de Justicia.

Por desempeño irregular de las funciones públicas, fueron investigados 12 fiscales pertenecientes a los Distritos Judiciales Segundo, Sexto, Undécimo, Décimo Tercero, Décimo Octavo, Décimo Sexto y Vigésimo Primero, ubicados en la zona norte de Tantoyuca, Xalapa, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos.

Servidores públicos sancionados

A la cifra de fiscales veracruzanos investigados por hechos de corrupción, los cuales se encuentran en libertad, se suman también la participación de los operadores de justicia en irregularidades en la integración de investigaciones ministeriales y carpetas de investigación.

Según los informes publicados por la FGE de Veracruz, durante el periodo 2018 a marzo de 2020, un total de 78 fiscales especializados, de distrito y con residencia en cabeceras municipales, fueron acreedores de diversas sanciones administrativas.

Desde la administración a cargo del exfiscal Jorge Winckler Ortiz hasta el que actualmente preside la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, este organismo autónomo ha acumulado la cifra de 233 servidoras y servidores públicos sancionados, entre los cuales se encuentran 43 fiscales, 12 fiscales especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas, siete fiscales especializados en Responsabilidad Juvenil y de Conciliación.

De igual manera, tres fiscales adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares, cuatro fiscales con residencia en cabeceras municipales (agentes del Ministerio Público Municipal), tres fiscales de distrito, tres fiscales especializados en Combate al Secuestro; un fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro-Xalapa y dos “fiscales especializados”, así como un Director General de Servicios Periciales.

También en la lista están los agentes de la Policía Ministerial y Acreditable, así como jefes de grupos de policías ministeriales que, hasta el pasado mes de marzo, sumaban un total de 58 sanciones.

Las principales causas de las sanciones administrativas se concentran en 66 casos por irregularidades en la integración de una investigación ministerial, 11 irregularidades en desempeño de funciones, 10 por detención y retención ilegal, 4 por violentar la integridad física de los quejosos.

Asimismo se aplicaron cuatro sanciones por no realizar las diligencias necesarias para el cumplimiento de órdenes de aprehensión, cuatro servidores públicos fueron sancionados por malos tratos, uno por dilación al notificar el ejercicio de la acción penal.

Otras 14 sanciones se aplicaron por irregularidades en las carpetas de investigación; siete por faltas administrativas en una investigación ministerial; una por ineficiencia en la integración de una carpeta de investigación, tres por haber ejecutado negligentemente órdenes de aprehensión, dos por pérdidas de investigaciones ministeriales y dos por irregularidades en éstas.

Nueve sanciones se aplicaron por irregularidades atribuidas a servidores públicos; seis por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo durante los dos últimos años, se aplicaron dos sanciones por “posibles” actos de tortura y dos por violación a derechos humanos.

Dentro de las sanciones recibidas por las y los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General predominan las suspensiones de labores sin goce de sueldo (82), destituciones de cargo (9), amonestación privada (8), amonestación pública (4), remoción del puesto (2), separación del cargo (2) y apercibimiento público (2).

Cabe mencionar que en el 2018, la FGE emitió la mayor cantidad de sanciones con un registro de 108 casos; en el 2019, un total de 97 y hasta marzo de este año, se habían acumulado 28 registros.

En El Sol de Orizaba