A dos años de la despenalización del aborto en Veracruz, mujeres, niñas y adolescentes se enfrentan a obstáculos para ejercer un aborto, por lo que cerca de 100 organizaciones feministas le exigen al gobierno acceso al aborto seguro y gratuito en las instituciones de salud pública, así como en el IMSS y el ISSSTE.

Marea Verde Altas Montañas, Colectivo Feminista de Xalapa, Marea Verde Totonacapan y REMUFEVER y más de 90 organizaciones feministas, de derechos humanos y médicas, en una carta pública dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, señalan que las autoridades deben dejar de criminalizar socialmente a quienes requieren un aborto seguro y gratuito sin el pretexto de que falta la reforma en el Código Penal Federal y en cumplimiento a la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia 148/2017 que sienta precedente nacional para que las autoridades sanitarias garanticen el acceso a un aborto seguro.

En Veracruz existen seis mil 620 niñas con embarazo forzoso en 53 municipios de Veracruz y es la entidad con la tasa de fecundidad especifica más elevada de 2.02 nacimientos por cada mil mujeres de 10 a 14 años, lo que requiere estrategias específicas de prevención de violencia sexual.

En la misiva advierten que cuando el Estado impide u obstaculiza el aborto, las mujeres, niñas y adolescentes son forzadas a continuar con un embarazo o buscar servicios de aborto inseguros se vulnera su derecho a la salud al no tomar en cuenta el posible daño a la salud física, mental y social.     

Al jefe del Ejecutivo le recuerdan que hace dos años se despenalizó el aborto en Veracruz con grandes esfuerzos colectivos y con la convicción de que el acceso al aborto seguro y gratuito es un derecho humano, pero que también es un servicio de salud indispensable que debiera ser plenamente accesible y sin obstáculos para quien lo necesite, lo que no se ha concretado en el estado de Veracruz.

Refieren que en el mundo entre 8 y 12 por ciento de los embarazos considerados de riesgo habitual culminan en un aborto espontáneo. La evidencia epidemiológica demuestra que los abortos inseguros generan morbilidad materna extremadamente grave, complicaciones y un alto costo para las familias y el sistema de salud, por lo que el aborto seguro es una prioridad de salud pública nacional e internacional.