Adriana Vichi Cruz señaló que ella es ejemplo de lo mal que está la justicia en Veracruz.
Después de 100 días presa por ultrajes a la autoridad, Adriana Vichi, ex titular de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado, dejó la cárcel de Tuxpan este martes.
El juez primero de distrito, mediante un amparo, ordenó ponerla en libertad, pues a dos semanas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el delito de ultrajes a la autoridad, el gobierno de Veracruz no ha publicado el decreto, sólo ha puesto una leyenda al artículo 331 del Código Penal de estado que los jueces no toman en cuenta para liberar a los más de mil presos por ese ilícito.
En entrevista a su salida de la audiencia realizada en sala de juicios orales de Pacho Viejo, en Coatepec, Adriana Vichi Cruz señaló que ella es ejemplo de lo mal que está la justicia en Veracruz.
“Yo estuve injustamente detenida por tres meses y medio; sí tengo miedo a esta situación… Yo no hice nada y no tengo por qué esconderme o huir, yo soy inocente. Tengo que ir a firmar cada 30 días, me pusieron cambio de medida cautelar por un delito que ya está derogado… Pero bueno, de eso a nada, prefiero eso”.
Desde un inicio, explicó que el proceso en su contra estuvo plagado de mentiras, pues los policías ministeriales la acusaron de mentarles la madre, y pegarles aventándoles su teléfono celular, cuando el aparato permaneció en su bolso cuatro horas después de que supuestamente lo lanzó a los policías.
Aún así, la juez Mónica Segovia, en la audiencia del 4 de marzo, no solo se negó a variar la medida cautelar y cumplir con el amparo; en cambio, le dictó un año más de prisión.
“Por lo tanto, es que se amplía la temporalidad de esta medida cautelar de la señora Adriana Vichi Cruz, no por todo lo que dure el proceso como lo viene solicitando la Fiscalía, sino por un año más para darle una certeza jurídica a la señora Adriana Vichi Cruz de que si se suscitan otros acontecimientos, jurídicamente hablando, dentro del proceso penal, dicha medida será lacerada al momento que sea solicitado”, sentenció la juez.
Los alegatos de Arturo Baltazar, abogado defensor, no fueron escuchados por la jueza en esa audiencia.
La ex fiscal lamentó no ver a sus hijos desde diciembre del año a pasado, pues la mandaron al penal de Tuxpan y su familia vive en Alvarado.
“Tengo tres hijos: una niña de 12 años, un niño de 11 años y un niño de 9 años, a los que no veo desde diciembre por un delito que me fabricó la Fiscalía. (…) A través de engaño, me citaron en un lugar y ahí me dijeron que eran instrucciones… La Fiscalía se empeña en tenerme detenida por un delito que no cometí”, reclamó en la audiencia.
Ni el aguinaldo y prestaciones de fin de año le pagaron tras detenerla.
“Está bien, ya lo hicieron, ya tienen tres meses, no sé ya qué más quieren, si ya hicieron que estuviera adentro, no sé qué más quieren cuando es evidente que ya no tengo dos domicilios, porque el mismo día que me arman todo eso, ese mismo día van y me remueven a las siete de la noche estando yo en la policía ministerial. Prácticamente me corrieron sin siquiera ser declarada culpable y además de eso no me pagaron ni aguinaldo ni prestaciones”.
Este martes, tras la audiencia en sala de juicios orales en Pacho Viejo, Coatepec, Adriana retornó al penal de Tuxpan para ser liberada. Agradeció el apoyo para poder dejar la cárcel.
“Gracias por el apoyo y gracias por luchar por la justicia. Realmente tenemos que unirnos como mujeres ante la injusticia, lo que le hacen a una lo pueden hacer a todas, es inaceptable que haya gente inocente en la cárcel, no se puede tolerar eso”.
El abogado Arturo Nicolás lamentó que este tipo de casos de abuso de autoridad se multipliquen en Veracruz.
“Estamos nuevamente ante un caso en el que se fabrica un delito en contra de un ciudadano inocente. En este caso, una mujer madre de tres menores que fue encarcelada por más de 100 días y desde el primer momento los jueces de control sabían que ella no participó en estos hechos… Con esto, confirmaos una vez más que en Veracruz está abusando de la prisión preventiva en contra de ciudadanos inocentes”.
Fuente: Milenio