- El caso de Yolli, la excomisionada del Instituto de Transparencia en Veracruz, muestra lo atípico de la justicia en aquel estado, algo que incluso los propios morenistas reconocen: algo pasa en la entidad de Cuitláhuac García
Yolli Garcia, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) generó uno de los expedientes de “presos políticos” más significativos en Veracruz; hoy, lucha por su vida a raíz de que su corazón apenas y consigue mantenerse funcionando. Requiere una operación de alto riesgo y todo a mitad de un encierro por una falta que, aun en caso de comprobarse, no amerita prisión… en la ley, aunque sí en el Veracruz de hoy en día.
La exfuncionaria fue acusada de dar un nombramiento a un funcionario sin cumplir los requisitos de ley. Lo que en cualquier caso representaría una sanción administrativa e inhabilitación para cargos públicos, a Yolli la condujo, desde el pasado 26 de marzo del 2020, al reclusorio Pacho Viejo en el estado, sin ver a sus hijos y esposo. El caso ya es analizado por senadores, incluyendo algunos de Morena, partido al que pertenece el gobernador Cuitláhuac García, como parte del conjunto de presos políticos veracruzanos.
A raíz de los padecimientos médicos que se agravaron a finales del año pasado, Yolli fue trasladada al Hospital Regional Luís F. Nachón en Xalapa. Lo que la familia sabe y comparte a Crónica es que necesita una operación de corazón abierto.
Los doctores comentaron a sus familiares que sólo le iban a hacer unos estudios y medicar; a los dos días Yolli fue regresada a su celda con sus dolores y cada día sintiéndose peor. A petición de sus familiares el pasado 21 de enero Yolli volvió al Hospital Civil. Un cardiólogo determinó que tiene una calcificación ventricular. Yolli tiene que ser intervenida de corazón abierto.
¿Cómo se llega a ser presa política en Veracruz?
En el 2020 un día antes de haber concluido su cargo como comisionada del IVAI, Yolli salió de su casa rumbo a un restaurante de Xalapa, Veracruz, a tomarse un café con su sucesora en el organismo, pero al llegar al lugar la estaban esperándola policías ministeriales para ejecutar una orden de aprehensión en su contra.
Se le acusaba de haber nombrado de manera irregular, en marzo de 2019, a dos personas para que fungieran como encargados de despacho del Órgano Interno de Control (OIC) del IVAI. En realidad, ese proceso administrativo estaba a mitad de una Acción de Inconstitucionalidad 96/2018 interpuesta justamente por la falta de recursos públicos para poder asignarle presupuesto al OIC.
Yolli optó por dar continuidad al trabajo y realizó los nombramientos en tanto se resolvía la controversia. Para nadie era un secreto que ya para entonces el gobernador tenía una pésima relación con la comisionada.
Increíblemente una falta que no ha derivado en daños graves al erario o a la continuidad del organismo de transparencia ha sido suficiente para que Yolli sea considerada para la prisión preventiva oficiosa.
Por supuesto, relata su familia, no se trata además de una rea común: el 14 de agosto del 2020, mientras ella se encontraba durmiendo en su celda, los guardias entraron y la trasladarón sin más ni menos al penal de Amatlán de los Reyes en Veracruz, uno de los centros de readaptación social más peligrosos del estado.
Su esposo se enteró de aquel traslado y se movilizó para exponer que las autoridades habían violado un amparo que indicaba que Yolli no podía ser trasladada por ningún movito. El juez implicado envió un notario a checar el asunto y fue informado de que la justificación era una riña y que otras reas habían golpeado a Yolli. La presa y su familia negaron esa versión, y el juzgado ordenó el regreso al penal original.
El esposo de Yolli, Adán Armenta, ha acudido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la CNDH y otras instancias, sin lograr la liberación de Yolli.
Ahora, con el interés despertado en el Senado por la existencia de presos políticos en las cárceles de Cuitláhuac García, Yolli tiene una nueva esperanza, siempre y cuando su corazón resista.
Fuente: Crónica