Los diputados establecieron que la entrada en vigor de todos estos cambios, principalmente a la Ley Federal del Trabajo, serán obligatorios para las empresas, en agosto

Los diputados federales aprobaron, en lo general y particular, cambios legales que eliminan la figura del outsourcing en el sector privado y público, y con cambios de última hora, se dio más tiempo al gobierno federal para transitar a la nueva reforma laboral.

Con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones, los diputados establecieron que la entrada en vigor de todos estos cambios, principalmente a la Ley Federal del Trabajo, serán obligatorios para las empresas, en agosto, y los gobiernos federal y estatales, «en el ejercicio fiscal de 2022».

Incluyeron no otorgar más recursos a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para implementar la nueva reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Y no se incrementará el presupuesto regularizable de éstas para el presente ejercicio fiscal ni posteriores», se lee en los transitorios de la ley.

Para estos cambios legislativos, los diputados se tomaron un primer receso de cuatro horas para incorporar los nuevos tiempos de implementación, una segunda pausa de una hora para recibir el dictamen que se iba a discutir y aprobar ante el pleno de diputados.

Ahora su discusión se desarrollará en el Senado de la República, a fin de dar celeridad a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor el 1 de mayo próximo, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Cómo informó El Sol de México, los ajustes se realizaron porque el gobierno federal y los estatales tienen que aprobar sus presupuestos año con año y tiempos definidos por la ley.

En entrevista con El Sol de México, el diputado de Morena, Ignacio Mier, señaló que los cambios se realizaron para no afectar, principalmente, a los gobiernos estatales.

«Esa fue la preocupación, que no se deje una situación que se complique. En todos los estados tienen hecha ya toda su programación y hacer ahorita un ajuste, cuando ya fue aprobado el presupuesto de ingresos y demás, no es sencillo», aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

«La otra opción era sacar el apartado B (servidores públicos), pero también sería injusto, no puede pasar que haya distingo entre unos y otros (iniciativa privada y pública). En la 4T no», aseguró.

Verónica Juárez, coordinadora del PRD aseguró que en agosto, la iniciativa privada, y en enero, la administración pública federal «deberán hacer todo lo necesario y ya se implementen las medidas que ahora se están aprobando. Tendrán estos meses para que los empleadores puedan hacer las adecuaciones correspondientes».

La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que «la reforma atenta contra la seguridad y certidumbre jurídica, al prohibir la actividad económica lícita. No resuelve el problema del outsourcing agresivo».

Indicó que «es la misma (legislación), nada más que revolcada», ya que se sigue permitiendo la contratación de servicios y obras especializadas, sin detallar cuáles son estas actividades.

«Amplía las actividades a una figura extraña, intermediario y agencia de empleo, quizá nada más le estemos dando vuelta», afirmó.

Criticó que el periodo de transición es extremadamente corto, ya que no considera todas las altas, bajas y la falta de facilidades y agilidad en medio de la pandemia.

Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), señaló a El Sol de México que aunque se den tres meses para implementar estos cambios a las empresas no se toma en cuenta que a partir de mayo las empresas que se dedican a ofrecer servicios especializados ya no podrán facturar bajo este régimen, por lo que consideró que también se diera el mismo plazo para transitar a estas nuevas disposiciones.

Dijo que esto puede ser fácil para una empresa grande pero que afectará gravemente a la mayoría de empresas que son micro, pequeñas y medianas empresas.

Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latinoamérica, señaló que «para las empresa es complicado montar todo un aparato para administrar mil, cientos o decenas de empleados porque hay que dar de alta al IMSS, tener un sistema de nómina distinto, dar soporte administrativo, hay que hacer muchas cosas que elevan los gastos de administración, particularmente para una empresa mediana o grande”.

El diputado del PRI, Carlos Pavón, señaló que la regulación debe de analizarse con tiempo y no a las prisas del presidente y acusó que se busca una reforma fiscal más allá de una laboral en beneficio de los mexicanos.

Dijo que de acuerdo con datos de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se busca recaudar más por concepto de reparto de utilidades entre los trabajadores para pasar de recaudar 56 mil millones de pesos por esta vía a recibir 157 mil millones de pesos con la nueva reforma laboral, es decir, casi tres veces más ingresos.

El diputado blanquiazul, Marco Antonio Adame advirtió que se incluyó «en la última hora» a los empleados del gobierno federal subcontratados, «pero no se dice con qué se les va a pagar. Sin sustento presupuestal lo que es una doble irresponsabilidad».

«Es por ello que se presentarán un buen número de reservas que tienen como objetivo: ampliar el tiempo de deliberación y darle condiciones a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan soportar las cargas que la pandemia y esta perniciosa reforma les impone por gracia y obra de los legisladores de Morena y sus aliados», afirmó.

En noviembre de 2020, cuando se recibió la propuesta presidencial, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, informó que se tienen 500 mil trabajadores subcontratados específicamente para labores de limpieza, vigilancia y tecnología dentro de todas las dependencias de la administración pública.

Analistas consultados previamente por El Sol de México advirtieron que los gobiernos federal y estatales deberán destinar seis mil millones de pesos mensuales para dar base laboral a los 500 mil trabajadores del Estado, por lo que la propuesta del presidente de la República es una “especie de balazo en el pie”.

Elias Micha, director general de TallentiaMX, explicó que este cálculo toma como base un salario promedio de 12 mil pesos, al que se debe adicionar 25 por ciento extra por la carga social que tiene que aportar el gobierno federal a sus trabajadores como parte de sus prestaciones laborales.

Recordó que recientemente, la Cámara de Diputados dio base a 462 personas de limpieza que estaban subcontratadas con un salario promedio de cuatro mil 200 pesos mensuales.

“Ahora, con su incorporación al Congreso, tendrán un salario de nueve mil 526 pesos y además acceso a una serie de prestaciones y apoyos que los llevarán a un salario integrado de 14 mil pesos al mes”, añadió.

Micha Zaga agregó que este impacto presupuestal no ha sido analizado por el gobierno federal.

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